Piden cárcel para ex secretario del juez Soto Dávila por escuchas ilegales a su ex
A Pablo Molina se lo acusa de ordenar intervenir el teléfono de su ex mujer ante sospechas de infidelidad. Ya lo condenaron por coimas de narco.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes es escenario de un caso que sacude el ámbito judicial de la provincia: el juicio contra Pablo Carlos Molina, ex secretario del Juzgado Federal N.º 1, acusado de haber ordenado la intervención ilegal de las líneas telefónicas de su ex pareja y de un presunto amante, bajo el velo de una investigación por narcotráfico. Tras dos audiencias intensas y la presentación de pruebas contundentes, la Fiscalía ha solicitado una pena ejemplar de 5 años de prisión, inhabilitación absoluta y especial por doble tiempo, marcando un precedente en la lucha contra el abuso de poder dentro del sistema judicial.
El fiscal general de Corrientes, Carlos Schaefer, y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Martín Uriona, lideran la acusación contra Molina, imputándolo como autor penalmente responsable de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, así como de falsedad ideológica, en concurso real. La expectativa es palpable mientras la comunidad espera el veredicto del tribunal, integrado por los jueces Juan Manuel Moreira, Fabián Cardozo y Jorge Gallino, que se dará a conocer el próximo 29 de julio. Por su parte, la defensa de Molina ha mantenido su postura, solicitando la absolución del ex secretario.
La acusación contra Molina se centra en un hecho ocurrido el 11 de septiembre de 2014. En su rol de secretario a cargo de la Secretaría Penal N.º 2 del Juzgado Federal N.º 1 de Corrientes, Molina habría confeccionado y suscripto un oficio judicial, que también llevaba la firma del entonces juez federal Carlos Soto Dávila. Este documento, enviado a la Dirección de Observaciones Judiciales de Zona Corrientes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), organismo encargado de las escuchas en aquel momento, informaba falsamente sobre una supuesta disposición judicial para intervenir dos abonados telefónicos por un período de 30 días corridos, alegando su vinculación con una investigación en curso por narcotráfico.
Sin embargo, la realidad de los hechos, según lo expuesto por los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), era muy distinta. Las líneas intervenidas no eran otras que las utilizadas por la esposa de Molina y por un allegado a ella, con quien el acusado sospechaba que mantenía una relación extramatrimonial. Esta revelación pone en evidencia una grave desviación de las facultades judiciales para fines estrictamente personales, utilizando los recursos del Estado para una venganza privada.
El telón de este entramado de ilegalidades comenzó a descorrerse en marzo de 2019. Fue en ese momento cuando personal judicial, mientras realizaba un relevamiento de efectos, descubrió 28 discos compactos que contenían el producto de estas comunicaciones interceptadas ilegalmente. Las escuchas, realizadas entre el 18 de septiembre y el 1 de octubre de 2014, revelaron una verdad incómoda: en gran parte de las grabaciones, el propio Molina aparecía hablando con su pareja, profiriéndole insultos e incluso amenazas.
La crudeza de estas grabaciones llevó al tribunal a declararse incompetente para juzgar los delitos de coacciones y amenazas, remitiendo las actuaciones a la Justicia local del Chaco, provincia donde residen tanto la damnificada como Molina. Esta decisión subraya la gravedad de las acciones de Molina, cuyas implicaciones trascienden el ámbito de las escuchas ilegales para adentrarse en posibles delitos de violencia de género, que ahora serán investigados en la jurisdicción correspondiente.s
Una trayectoria judicial que acabó en escándalos y condena a prisión
El caso de las escuchas ilegales no es un hecho aislado en el historial de Pablo Carlos Molina. En el momento del descubrimiento de los discos compactos en 2019, Molina ya se encontraba apartado de la Secretaría Penal N.º 2 del Juzgado por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes. Esta medida había sido tomada a raíz de otra imputación, en el marco de una causa de 2016, por hechos de corrupción. En esa investigación, Molina, el ex juez Soto Dávila y otros acusados fueron procesados en abril pasado por el Juzgado Federal N.º 2 de Formosa. Se les imputa haber restituido una serie de vehículos que habían sido secuestrados en el marco de una causa de lavado de activos provenientes del narcotráfico, un indicio más de la compleja red de ilegalidades en la que Molina se habría visto envuelto.
Soto Dávila ya había renunciado a su cargo como juez federal tras ser procesado, también junto a Molina, su otro secretario penal Alberto Federico Grau y un grupo de abogados. La acusación en este caso, instruida por el Juzgado Federal N.º 12 de la Capital Federal y desprendimiento del resonante caso "Sapucai", los señalaba por conformar una asociación ilícita que operaba desde el Juzgado Federal N.º 1 de Corrientes.
La gravedad de esta última imputación se confirmó en junio de 2023, cuando Molina y Soto Dávila fueron condenados por recibir coimas a cambio de resoluciones judiciales que beneficiaban a narcotraficantes. En aquel juicio, el ex juez Soto Dávila recibió una condena a 6 años de prisión, mientras que el ex secretario Molina fue condenado a 5 años. Sin embargo, en un giro significativo, en diciembre de 2024, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal agravó las condenas para ellos y otros implicados, al considerarlos jefe y miembros de una asociación ilícita, respectivamente, lo que pone de manifiesto la profundidad y el alcance de la corrupción en la que estaban inmersos.
Un detalle crucial destacado por la Fiscalía durante el reciente alegato en el juicio por las escuchas ilegales refuerza la compleja red de ilegalidades en la que Molina se habría visto envuelto. Se señaló que Molina firmó el oficio de las intervenciones ilegales, el 11 de septiembre de 2014, el mismo día en que también suscribió, junto con el ex juez Soto Dávila, una resolución prevaricante. Esta resolución otorgó la exención de prisión a un conocido narcotraficante, Carlos Alberto Bareiro, alias "Cachito", líder de una organización que operó por años en Itatí y traficó grandes cantidades de marihuana a diversas partes del país. A cambio de esta dádiva judicial, Molina y Soto Dávila habrían recibido un millón de pesos